Miércoles 7 de noviembre de 2018 | Finanzas | 1246 Visitas
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fallado este martes que sean los clientes quienes asuman finalmente el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados, popularmente llamado impuesto sobre hipotecas. De este modo el alto tribunal corrige a la sección que innovó la doctrina y vuelve a la jurisprudencia anterior, favorable a las entidades bancarias.
Tras dos jornadas de deliberaciones el alto tribunal no ha conseguido superar la fractura existente en la Sala, que conforman un total de 28 magistrados, y el fallo ha salido por 15 votos frente a 13.
Así, se han desestimado los tres recursos presentados por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid contra resoluciones anteriores del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que fallaron a favor de las entidades bancarias.
Un pleno muy polémico
La celebración de este Pleno fue polémica desde su origen, puesto que las tres sentencias dictadas por seis magistrados de la Sección Segunda de esta Sala de lo Contencioso, que es la especialista en tributos, eran firmes.
Por ello alguno magistrados del propio Supremo y también desde diversos ámbitos judiciales se cuestionó la decisión del presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo, de avocar a un cónclave de 28 magistrados otros tres recursos idénticos sobre este asunto interpuestos por el mismo recurrente.
El alboroto mediático y social que causó la decisión de Díez-Picazo obligó incluso al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, a comparecer ante los medios de comunicación para pedir perdón por la gestión del asunto dada la importancia y repercusiones sociales y económicas de la decisión. También negó que hubiera recibido llamadas de entidades bancarias para forzar dicha revisión.
En la deliberación no han estado presentes tres de los magistrados de lo Contencioso del Supremo: el magistrado Rafael Fernández Valverde, que se encuentra de viaje; Segundo Menéndez, ocupado con asuntos relacionados con las elecciones autonómicas andaluzas, ya que es miembro de la Junta Electoral Central; y Octavio Herrero, que se ha apartado porque familiares suyos tienen una vivienda en Rivas-Vaciamadrid.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo notificó el pasado 18 de octubre la primera de las tres sentencias que supusieron un giro jurisprudencial al favorecer a los ciudadanos.
En esta resolución, a la que siguieron dos en el mismo sentido, se destacó la necesidad de “corregir” la doctrina vigente pese a la “solidez de buena parte” de sus argumentos y se estableció que fuesen los bancos los que pagaran el impuesto al ser los interesados de la inscripción de la hipoteca (el elemento que determina el pago del impuesto).
“Solo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca”, explicaron los magistrados en la resolución que se dio a conocer hace tres semanas.
A esta conclusión llegaron tras interpretar el texto refundido de la ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) y su reglamento. Ahora, el Supremo se desdice a sí mismo y vuelve al criterio según el cual el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos hipotecarios es el prestatario.
La OCU tilda de “bochornosa” la decisión
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lamentado la resolución definitiva del Tribunal Supremo y la ha calificado de “bochornosa” por perjudicar a más de 12 millones de familias en España.
Para la OCU se trata de una sentencia “inaudita” que supone una marcha atrás sin precedentes en contra de la propia jurisprudencia de Tribunal, que hace unas semanas emitió un dictamen contrario al acordado finalmente en el pleno.
Por ello, la organización de consumidores considera que esta sentencia pone en cuestión la independencia del poder judicial frente al poder de la banca y que crea una situación de desconcierto e inseguridad jurídica en la sociedad. “Hoy gana la banca y pierden los consumidores y toda la sociedad”, dice en un comunicado.
Ante esta situación, la OCU ha pedido la dimisión del presidente de la Sala Tercera, Luis Miguel Díez Picazo, de forma inmediata “por la nefasta gestión de esta sentencia sin precedentes que en tiempo récord ha doblado el pulso de la verdadera justicia”.
No obstante, la organización todavía es optimista y espera que, al igual que sucedió en el caso de las cláusulas suelo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) rectifique la sentencia del Supremo.
Además, la OCU ha recordado que, para ellos, el problema de fondo está en la aplicación de un impuesto socialmente “injusto”. “El AJD penaliza a todos aquellos que no tienen otra vía para adquirir la vivienda que recurrir a la hipoteca”, subraya.
